29 ene. 2013

Las drogodependencias ya no interesan



Los recortes amenazan unos programas que han demostrado su eficacia desde los ochenta
Alfonso Ramírez de Arellano es vicepresidente de la Fundación Atenea.

Muchos representantes de sectores básicos del Estado de bienestar están tratando de explicar por qué es tan peligroso recortar los servicios sociales, la sanidad y la educación. Yo también lo voy a intentar aprovechando que el sistema de atención a las drogodependencias tiene que ver con los tres anteriores. Las drogodependencias son un problema social, de salud y su prevención es básicamente una tarea educativa. Quisiera hacerlo de manera sencilla, sin caer en el melodrama, ni en la guerra de cifras.
 Lo primero que conviene decir, para quien tenga la fortuna de no necesitar saberlo, es que nuestro sistema de atención a las drogodependencias es un buen sistema. Es muy profesional, está bien distribuido a lo largo el territorio nacional, en él confluyen especialidades sanitarias y psicosociales (tiene un enfoque biopsicosocial quizá como ningún otro servicio de nuestro país) y presta una atención de calidad a los pacientes y a sus familias. Siendo de responsabilidad pública, ha sido capaz de crear un sistema mixto en el que conviven recursos que gestiona directamente la administración con otros que gestiona la iniciativa privada, fundamentalmente ONG. Algo muy importante es que la gente que necesita ayuda y sus familias se sienten bien acogidas y atendidas. Las encuestas de satisfacción de los usuarios así lo atestiguan, pero también pueden preguntar a cualquiera que lo haya necesitado.
 Lo segundo tiene que ver con su origen y probablemente con su futuro. El sistema público de atención a las drogodependencias y adicciones es relativamente nuevo en nuestro país. Se organizó a raíz de la enorme repercusión social que tuvo la epidemia de heroína de finales de los setenta y primeros ochenta. El Plan Nacional sobre Drogas se aprobó en 1985 y contó con el acuerdo explícito de todos los partidos políticos representados en la Cámara. De esta época es importante destacar la eficacia del consenso, pero también la relación entre “alarma social” y apuesta política.

23 ene. 2013

Sanidad, Educación y Servicios Sociales ya no serán competencias municipales




En estos días, se está hablando de la reforma de las administraciones, en concreto de la administración local. Se habla de privatizar los servicios municipales y de vaciar de competencias a los Ayuntamientos. El lunes día 21 se publicó una noticia en ABC donde se informa de determinadas competencias que, desde el Gobierno Central, se quieren quitar a los municipios, en concreto, Sanidad, Educación y Servicios Sociales. En la medida en que muchas de nuestras entidades trabajamos en el ámbito local, suscribimos convenios con ayuntamientos y otras formas de colaboración, estas modificaciones legislativas pueden afectarnos de una manera importante. Además consideramos que hay determinados servicios que cuando se prestan desde la cercanía del municipio, son más eficientes, más directos y más fáciles de controlar por la ciudadanía.
Federación ENLACE





El Partido Popular adelanta en su XX Intermunicipal las líneas generales de la reforma de la Administración Local


 ABC España. Paloma Cervilla / Madrid. 21/01/2013
La XX Intermunicipal del PP, que se ha celebrado en Almería, ha analizado las líneas generales de la situación actual que atraviesan las administraciones locales, así como las medidas propuestas para su reforma. Una reforma que aprobará el Gobierno el próximo día 25.

Estas son las claves de la reforma:

1.- Un municipalismo con futuro. El municipalismo de hoy y del mañana pasa por su solvencia y sostenibilidad. Solo persiguiendo objetivos de eficiencia en el gasto se alcanzará un modelo en el que no se gaste más de lo que se ingrese y donde se garantice que la prestación de los servicios obligatorios y su pago prevalece sobre aquellos servicios que no son obligatorios. Se trata de sentar las bases de una autonomía local asentada en los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2.- La modernización de la planta local. Una reforma necesaria para modernizar la planta local española. Que defina con mayor precisión las competencias que van a ser desarrolladas por la Administración Local, diferenciándolas de las competencias estatales y autonómicas. Entre las novedades más significativas valoramos que las competencias en materia de Sanidad, Educación y Servicios Sociales recaigan de manera íntegra en las Comunidades Autónomas. También, la racionalización y profesionalización de las estructuras organizativas y de gestión tanto de los municipios como de las Diputaciones o equivalentes, así como su sector empresarial local. Una reforma que prepara la administración local para un mejor servicio al ciudadano.

3.- Una Administración, una competencia. Promoción de la medición, contrastación y publicación del coste de los servicios con el fin de eliminar duplicidades y generar economías de escala y de rendir cuentas a los ciudadanos. La reforma local daría así respuesta al compromiso asumido por el Partido Popular y su Presidente de «una administración, una competencia». La reorganización de actividades y servicios puede generar unos ahorros cercanos a los 3.500 millones de euros.

4.- Sostenibilidad financiera. Las entidades locales ejercerán competencias no previstas en la ley, cuando no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, y se garantice su sostenibilidad financiera. Terminar con el problema de las competencias impropias, liberando de dicho gasto a los municipios, constituye una reivindicación histórica de los entes locales. Si además, en el periodo de 1 año, se someten a los servicios públicos municipales, de mancomunidades y entidades locales menores a un proceso de evaluación, servirá para promover la generación de economías de escala y potenciar las Diputaciones. Una gestión de recursos más eficiente que optimizará el coste de los servicios teniendo en cuenta el tamaño y la densidad de población del municipio.

5.- Una mejor gestión local. Un modelo que premia la mejor gestión en el servicio al ciudadano. Otro de los mecanismos que ofrece la norma a considerar, es la reversibilidad de una competencia que pase del municipio a un plano territorial superior. Tras 5 años, se plantea la posibilidad de recuperación de una competencia perdida. Se garantiza así el ejercicio de una competencia de origen municipal, cuando su prestación al ciudadano sea sostenible.

6.- Garantías de financiación. La delegación de competencias dejará de ser visto como un problema para convertirse en una solución. Al reforzarse el papel de los municipios frente a otras administraciones, se ofrece un efecto fortalecedor para la Administración Local, cual es el de incorporar una cláusula de triple garantía: 5 años con financiación asegurada por ley y con un mecanismo de compensación automática de deudas vencidas. De esta manera, se asegura una financiación estable para el municipio durante un tiempo determinado.

7.- Mayor transparencia y calidad de los servicios. La exigencia de una mayor transparencia y una gestión basada en los resultados debe asegurar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos desde cualquier ente territorial, también, en las mancomunidades y las entidades locales menores. Estas se someten al mismo proceso evaluador que tienen los municipios y al mismo tiempo se les requiere la misma transparencia y control en el envío de la información económico-financiera que a los municipios. El compromiso con la transparencia y la evaluación en la gestión será su garantía de continuidad.

8.- Municipalismo al servicio de los ciudadanos. La actuación pública es ante todo un servicio al ciudadano que debe prestarse con la máxima transparencia y rigor en la gestión de los recursos que éste pone a disposición de sus gestores políticos. La regulación anual del régimen retributivo a través de los Presupuestos Generales del Estado; el número de los miembros de las Corporaciones Locales; las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y el número máximo y cualificación de miembros de los órganos de gobierno; el número máximo de personal eventual con cargo al presupuesto de la Administración local; y la profesionalización del personal directivo de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, son medidas que permitirán adaptar y evaluar de manera periódica la estructura de los órganos de administración, gestión y dirección política local. Una vocación de servicio y de rendición de cuentas que permite que la actividad local pueda ser medida y valorada de una forma transparente por los ciudadanos.

9.- Sector público reducido y eficiente. El redimensionamiento del sector público local y la regulación jurídica de los consorcios, permitirán dar respuesta a las recomendaciones efectuadas en la materia por el Tribunal de Cuentas del Reino de España y así poder regular, controlar y evaluar el sector público empresarial. Esta medida permite incorporar la información necesaria para evaluar la actividad empresarial de la Administración local.

10.-Cooperación entre administraciones. Se refuerzan los mecanismos de colaboración y control entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local. Se cumple con el compromiso incluido en el programa electoral del Partido Popular, al recuperar las funciones que venían prestando los Interventores y los funcionarios con habilitación de carácter nacional antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, al mismo tiempo que se regulará anualmente su régimen retributivo básico y complementario fijando un límite máximo total por todos los conceptos retributivos en los Presupuestos Generales del Estado.

También queremos destacar los últimos pasos dados por el Gobierno para aliviar la situación económica y de gestión de las Corporaciones Locales, especialmente: el Plan de Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico o las reformas introducidas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado durante la tramitación de los PGE 2013, que mejoran sustancialmente los problemas de liquidez de las tesorerías municipales facilitando y garantizando la sostenibilidad y la prestación de los servicios públicos locales.



22 ene. 2013

Los Sindicatos entregan a Gallardón más de 250.000 firmas contra las tasas y piden mañana a Rubalcaba que las recurra al TC



Amenazan con hacer "una sentada" ante el Ministerio y no descartan convocar una huelga si Gallardón no dialoga sus reformas
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos representativos de la Administración de Justicia y la 'Plataforma Justicia para Todos' han entregado al Ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón más de 250.000 firmas de trabajadores, ciudadanos y profesionales contra la ley de Tasas y el anteproyecto por el que se "privatiza" el Registro Civil.
A la entrega de las rúbricas se une la acción convocada para mañana por los representantes sindicales y los miembros de la Plataforma, que mantendrán un encuentro con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para solicitarle que su grupo presente un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de tasas judiciales.
Los sindicatos confían en que el ministro inicie un diálogo "constructivo" y abra una mesa de negociación para abordar las importantes reformas que ha emprendido en el sector. De lo contrario, plantearán un "endurecimiento" de las movilizaciones, con paros parciales e incluso la convocatoria de huelga, según han manifestado sus representantes a Europa Press.
Las plataformas sindicales han acudido este mediodía a la sede del Ministerio de Justicia para exigir la derogación de esta norma y la retirada del anteproyecto sobre la Reforma integral del Registro Civil, que pretende transferir competencias a los registradores de la propiedad.

ATAVIADOS CON CAMISETAS AMARILLAS

Su intención era entregar las miles de firmas recabadas al ministro o a algún miembro de su gabinete. Sin embargo, los sindicatos se han encontrado las reticencias del departamento que les remitía a presentar las rúbricas en otro edificio situado en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid, donde se ubica la sede del Registro General.
En el control de seguridad, los delegados sindicales han alegado su "derecho" a presentar las firmas en el edificio de la calle San Bernardo y han amenazado con hacer una sentada hasta que algún representante ministerial las recogiera. "Nos quedamos aquí sentados hasta que nos las recojan", han dicho.
Tras la insistencia de la decena de congregados, algunos ataviados con camisetas amarillas con el lema 'Sin Justicia, no hay derechos', una funcionaria del Ministerio se ha hecho cargo de las cajas que guardaban los documentos y se ha comprometido a trasladarlas al gabinete de Ruiz-Gallardón.
"NO PUEDEN PEDIR SACRIFICIOS CUANDO ESTÁN INMERSOS EN CORRUPCIÓN"
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), mayoritaria en el sector, ha expresado su "malestar" por el "desaire" del ministro y de los altos cargos de su departamento al entender que supone "una falta de respeto a los representantes legítimos de los trabajadores y a los miles de ciudadanos que con su firma manifiestan su rechazo a la privatización y el deterioro progresivo de la Justicia".
En sus escritos, los firmantes reclaman a Gallardón "un diálogo constructivo, franco y sincero" junto a "soluciones eficaces" a los graves problemas que soporta la Justicia con el objetivo de garantizar un servicio "para todos" y sin ningún tipo de "exclusión".
"No es de recibo una política como la que usted ha emprendido en solitario, sin escuchar a todos los colectivos que intervenimos en la Administración de Justicia, que va a convertirla en un servicio que no cumpla con sus funciones constitucionales", exponen.
Demandan un "cambio en la línea de actuación" del Ministerio y una política sin "recortes" en el derecho al acceso a la Justicia y en defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, de la seguridad jurídica y la reactivación económica. "La Justicia está relegada del proceso de modernización que se ha acometido en otros ámbitos públicos", denuncian.
El presidente del sector de Justicia de CSIF, Juan José Corral, ha explicado a Europa Press que han recopilado firmas desde el pasado 4 de diciembre a las puertas de los juzgados, de centros comerciales y puntos céntricos como la plaza de Callao o la Puerta del Sol de Madrid. "Confiamos en que el ministro tome nota y se siente a negociar de una vez por todas", ha expresado.
El responsable de acción sindical de Justicia de CC.OO., Javier Hernández, ha denunciado que la gestión de Gallardón convierte este servicio público en "un negocio" para entregarlo a sus "afines". "El propio presidente del Gobierno es registrador. El problema es que Gallardón ha confundido a la ciudadanía con sus intereses", ha añadido.
"No es admisible que se cobren tasas o se privaticen servicios de los ciudadanos cuando la gente del PP está inmersa en una clarísima corruptela y corrupción política que todos los medios dicen insistentemente. No se puede pedir sacrificios cuando están inmersos en la corrupción", ha señalado.
Desde UGT, Carlos Paniagua ha apelado a la "sensibilidad" del ministro para retirar unas tasas de cuestionable legalidad y ha calificado como un "grave error" la "privatización" del Registro Civil por las garantías que ofrece la Administración y el coste gratuito que tiene ahora mismo.
Emilia Rubio, de STAJ, ha denunciado que los funcionarios se ven doblemente perjudicados por las tasas en tanto que la Administración "nunca es condenada en costas" ni "hace acuerdos extrajudiciales". "Nos perjudica a todos. Somos ciudadanos y también empleados públicos. No podemos consentir que no se nos permita reclamar un derecho laboral", ha concluido.

La Abogacía denuncia que las tasas ya están produciendo violaciones del derecho de los ciudadanos al acceso a la Justicia



El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, del que forman parte el presidente del Consejo de Castilla y León, Fernando García-Delgado, y los nueve decanos de los colegios de la Comunidad Autónoma, aprobó en su última reunión un nuevo manifiesto sobre la aplicación de las tasas judiciales, mediante el que se opone taxativamente a la Ley "por su clara y evidente inconstitucionalidad", y denuncia que "ya se están produciendo violaciones del derecho de los ciudadanos al acceso a la Justicia".
VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)

La Abogacía castellanoleonesa se suma a esa denuncia, a la que se añade la de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, que elimina prácticamente la figura de los jueces sustitutos, lo que, consideran, agrava aún más el problema de una ya denostada Administración de Justicia.
Asimismo, García-Delgado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, rechaza el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita "en cuanto pretende enmendar el craso error producido por la Ley de Tasas, destruyendo el equilibrio normativo que exige el Estado de Derecho".
La Abogacía seguirá con las acciones iniciadas en contra de la Ley y los actos que la desarrollan,como la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de la tasa, planteando los recursos judiciales que estén a su alcance o instando, ante cuantos estén legitimados para ello, la interposición del pertinente recurso de inconstitucionalidad.
García-Delgado insiste en la necesidad de que el Ejecutivo tenga en cuenta, en el proceso de elaboración de las normas, la voz y las aportaciones que desde colectivos como la Abogacía se pueden hacer "a las tan importantes como desastrosas reformas emprendidas, tanto en el ámbito de la Justicia, como en el de los Servicios Profesionales".
Por último, demanda "respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial", y apoya las reivindicaciones de la Comisión lnterasociativa que agrupa a las Asociaciones de Jueces y Fiscales, así como las movilizaciones acordadas.

17 ene. 2013

El TS reconoce el derecho de los presos con cargas familiares a recibir un subsidio de desempleo



 El Tribunal Supremo reconoce el derecho a percibir el subsidio de desempleo por responsabilidades familiares de los presos, en una sentencia dada a conocer este miércoles y que sienta doctrina sobre este asunto.
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias había denegado a un preso prejubilado de la empresa Hunosa su derecho a cobrar el subsidio de desempleo por responsabilidades familiares, que solicitó para hacer frente al pago de los 250 euros mensuales que tenía que abonar a su hijo en concepto de alimentos.
Se le excluyó de este derecho por no cumplir con el requisito del denominado "compromiso de actividad" que le obliga a buscar activamente empleo o "participar en las acciones de mejora de su ocupabilidad que se determinen por el Servicio Público de Empleo".

VALORES CONSTITUCIONALES

La sentencia, que sienta jurisprudencia y cuyo ponente ha sido el magistrado Luis Fernando de Castro, reconoce que es "innegable" que el ingreso en prisión del recurrente le imposibilita el cumplimiento de las citadas obligaciones. Añade esta circunstancia no debe impedir el cobro de la pensión porque las decisiones judiciales "deben adecuarse al logro de los valores, bienes y derechos constitucionales", como es el de protección de la familia.
Los presos no tienen derecho a cobrar el paro, salvo que tengan responsabilidades familiares, como es el caso. "La razón de ser a que corresponde la excepción es precisamente la de proteger elementales necesidades económicas de la familia que está a cargo de beneficiario", recuerda el Supremo, por lo que el cobro del subsidio "no puede quedar al albur de que la condena sea anterior o posterior al reconocimiento del derecho", que es lo que razonaba la sentencia de instancia.
"Entender lo contrario significaría, para quienes estén a cargo del trabajador, admitir una suerte de azar jurídico en el que la fecha de la sentencia condenatoria o de la efectividad de la condena sería la que determinase la existencia o inexistencia de medios para atender sus más elementales necesidades", razona el alto tribunal.

 17/01/2013 (Diario El Derecho)