27 mar. 2014

La Plataforma Andaluza de Voluntariado presenta el portal web ALMACEN SOLIDARIO



La Plataforma Andaluza de Voluntariado presenta el portal web www.almacensolidario.org, iniciativa que surge ante la necesidad latente que presentan las entidades de voluntariado para acceder a determinados recursos necesarios para el desarrollo de su actividad y, asimismo, por el interés mostrado por la ciudadanía y empresas de donar recursos y servicios a fines sociales y no lucrativos.
Este Almacén Solidario tiene como objetivo poner en contacto a la ciudadanía, asociaciones y empresas que quieren donar bienes y servicios, con asociaciones sin ánimo de lucro que necesitan de ellos. De una manera sencilla y accesible, a través de esta web, se podrán intercambiar los recursos entre los donantes (empresas, instituciones y particulares…), y los receptores que únicamente podrán ser asociaciones sin ánimo de lucro.
Este Almacén cobrará sentido cuantos más recursos se compartan en él, por lo que es de vital importancia su acercamiento a los posibles donantes y receptores.
Desde las Plataformas y Redes de Voluntariado de las diferentes provincias se realizará una campaña de difusión del Almacén Solidario.
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía y la Obra Social La Caixa y refuerza una de las líneas principales de la Plataforma Andaluza del Voluntariado, como es el apoyo a las entidades de voluntariado y el trabajo en red.

25 mar. 2014

Más del 90% de las entidades del Tercer Sector podrían desaparecer con la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno


La Plataforma del Tercer Sector organiza el próximo 31 de marzo un seminario para analizar el Anteproyecto de Ley Regulador de Subvenciones  que prepara el Gobierno dirigido a directivos y técnicos de las entidades del Tercer Sector.



 Madrid, 19 de marzo de 2014

La Plataforma del Tercer Sector organiza el próximo lunes 31 de marzo un Seminario dirigido a directivos y técnicos de las entidades del sector para analizar la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno y sus consecuencias para el Tercer Sector que pasan porque más del 90% de sus entidades podrían desaparecer si el anteproyecto sigue adelante, poniendo en peligro los servicios que prestan a los colectivos más vulnerables.
El Anteproyecto que modifica la Ley General de Subvenciones hasta ahora vigente conduciría a un verdadero calvario administrativo y a un altísimo riesgo financiero para las organizaciones del Tercer Sector dado el enorme empeoramiento que este Anteproyecto de Ley implica en cuanto  al acceso a las subvenciones, el cobro de anticipos, los porcentajes de cofinanciación, los procesos de justificación, y el régimen sancionador exorbitante.
En lo referente a aspectos relativos a cofinanciación, la Plataforma recuerda que el Anteproyecto establece un sistema de cofinanciación para todas las entidades objeto de subvención con independencia de los programas que se desarrollan, lo que implica que los servicios que se prestan a las personas en riesgo de exclusión social a través del Tercer Sector, tendrán que ser cofinanciados con otro tipo de fondos privados.
La Plataforma recuerda que el sistema de servicios sociales y de mantenimiento de los derechos sociales básicos “no es una responsabilidad de la cual la administración pública pueda liberarse, dejándola en manos privadas, ya que resulta básico para el correcto funcionamiento democrático de una sociedad inclusiva”. 
Además, insiste en que el sistema de cofinanciación lleva a la situación paradójica de que sean las propias entidades sociales las que están financiando a la administración pública para el cumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía más desprotegida.
De mantenerse la redacción propuesta, tal y como está redactada la cofinanciación, abocaría a muchas entidades receptoras de subvenciones del sector social a su material desaparición o bien a permitir la entrada de capital privado y lucrativo.
Sobre los aspectos relativos a la finalidad y posibles entidades receptoras, la PTS alerta de que la indefinición en algunos artículos puede abrir la percepción de subvenciones a entidades privadas que persiguen fines lucrativos. Es por ello que se pretende traer al artículo el concepto de “interés general” que figura en el texto de la Ley vigente.
En cuanto a los aspectos relativos a regulación de anticipos, la PTS lamenta que en la propuesta no se plantee modificar el artículo que establece que el pago de la subvención no se realizará hasta su justificación y recuerda que para las entidades del Tercer Sector de Acción Social tiene una especial incidencia la necesidad de liquidez para hacer frente a sus objetivos, por los que se ejecutan proyectos sociales de atención directa a colectivos vulnerables, que como norma general deberían comprender el pago anticipado de la subvención.
En caso contrario se obliga a las entidades a actuar sometidas a condiciones de crédito. De mantenerse la redacción propuesta, la regulación hará que sea casi imposible que entidades sin grandes recursos patrimoniales puedan abordar actividades subvencionadas.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha tenido varios encuentros en el marco de la Comisión de Diálogo Civil con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para abordar esta reforma. 

Seminario Ley de Subvenciones
El Seminario organizado por la Plataforma, abordará, entre otras cuestiones, la experiencia del Tercer Sector en la tramitación de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y su impacto en el Tercer Sector, el anteproyecto de la nueva Ley General de Subvenciones y las principales novedades respecto a la legislación vigente, y previsible impacto en el sector.
Se trata de un coloquio abierto para debate y propuestas de las entidades del Tercer Sector sobre el anteproyecto de Ley. Posteriormente, se redactará un documento de conclusiones con los aspectos más relevantes abordados durante la jornada.
 

21 mar. 2014

El Consejero de Justicia vuelve a incumplir su palabra y continúa desoyendo al Parlamento en su petición de reanudación de los servicios jurídicos para los presos



En el día de ayer, el Consejero de Justicia falta a la verdad al afirmar que desde la Consejería se está cumpliendo con la proposición no de ley en la que se insta a la reanudación de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP)
El próximo mayo se cumplirán dos años sin asistencia letrada para las 15.500 personas privadas de libertad




 Andalucia 20 de Marzo de 2014
Ayer el Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, contestó a una pregunta formulada por la Diputada de IULV-CA Alba Doblas en la Comisión parlamentaria de Justicia e Interior respecto a los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) de Andalucía.

Ante las respuestas del Consejero, desde la Plataforma “Reanudación del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciario de Andalucía, ¡YA!” promovida por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Grupo 17 de Marzo Sociedad Andaluza de Juristas, Federación Andaluza Enlace,  Liberación, y Letrados del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) del Colegio de Abogados de Sevilla, queremos manifestar lo siguiente:



PRIMERO.- El Consejero falta a la verdad y al respeto a los andaluces cuando afirma "Estamos cumpliendo con la PNL”. El texto de la PNL aprobada el 28-05-2013 decía lo siguiente: “El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a restituir los SOAJP en Andalucía como medida necesaria para garantizar y respetar el derecho fundamental a la defensa en el ámbito penitenciario andaluz y conveniar con los Colegios de Abogados la prestación del mismo de manera inmediata”.

Este “de manera inmediata” se refiere tanto a la tarea de conveniar, como a la de restituir los SOAJP en Andalucía. Ninguna de las dos tareas se viene realizando de manera inmediata, ni con la urgencia que precisa la desasistencia de la población reclusa tras 2 años sin atención letrada, pero resulta obvio entender que la prioridad está en reanudar ya los SOAJP, mientras la Consejería de Justicia, el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados se acaban poniendo de acuerdo en el texto del Convenio a firmar.  De lo contrario, la reinstauración de los SOAJP podría verse envuelta en un largo proceso de tramitación burocrática del Convenio, que siga dilatando aún más el largo período de suspensión que viene sufriendo. 

Por lo pronto, el Consejero lleva camino de demorarse al menos 1 año en el cumplimiento de la referida PNL, aprobada el 28-05-2013.



SEGUNDO.- El Consejero no tuvo reparos en reconocer ayer que “estamos cambiando el modelo”. Este cambio en realidad supone la extinción de los SOAJP y la creación de unos servicios nuevos de orientación que en poco se parecen a aquellos, por cuanto queda absolutamente vacía de contenido la función de los Letrados ya que (según el borrador del nuevo Convenio) no se les permitiría realizar escritos, quejas, ni recursos contra las decisiones de la Institución Penitenciaria, limitándose la función de aquellos en una mera orientación verbal. Pareciera como si el deseo del Consejero fuera que los abogados del SOAJP vayan atados de manos, y así no puedan molestar la actuación de la Administración Penitenciaria.

Esta modificación no tiene justificación alguna y constituye una evidente contradicción con lo manifestado públicamente por el  propio Consejero en otros momentos, ya que, desde la suspensión de los SOAJP por la Consejería se ha hecho hincapié públicamente en dos cuestiones:

- primera, que se había elevado al Ministerio petición de conversión en indefinido del Convenio tripartito existente, estando pendientes de su firma[1]; lo cual evidencia su plena conformidad con el anterior modelo que ahora quiere cambiar.

-y segunda, que el contenido del servicio anterior había sido considerado como válido y necesario por la propia Consejería [2][3].



TERCERO.- No se entiende que dicha modificación del modelo sea por motivos presupuestarios, cuando en el Parlamento se aprobó por unanimidad (incluido el partido que sustenta la Consejería) incorporar en el presupuesto de 2014 partida suficiente para reinstaurar el SOAJP[4]. En relación con esto, llama la atención que el Consejero manifestase ayer que el SOAJP “No es justicia gratuita. Es complementario”. Si es complementario, ¿por qué lo ha incluido durante dos años seguidos durante su mandato como partida presupuestaria en Justicia Gratuita?

Ante esta situación , resulta evidente la falta de voluntad de la Consejería en orden a la reanudación de los SOAJP ya que conocedores del largo proceso que acaba de iniciar, no está dispuesta a buscar soluciones alternativas y provisionales que garanticen el derecho de defensa  y atención jurídica especializa en materia penitenciaria de 15,500 personas presas.





[1] El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha mostrado hoy su compromiso para seguir prestando el servicio que permite a los presos de las centros penitenciarios andaluces recibir orientación y asistencia jurídica de forma gratuita, si bien ha señalado que el Ministerio del Interior debe dar su autorización mediante la firma de una ampliación del convenio, que además prevé conferir a este servicio carácter indefinido. Según el consejero, la voluntad del Gobierno andaluz respecto a la orientación y asistencia jurídica penitenciaria es continuar manteniendo este servicio “que tantos resultados positivos y que se ha convertido en un factor determinante para la pacificación de la población reclusa y para la mejora de la convivencia en estos centros”. Nota de prensa de la Consejería de 18 de junio de 2012. pag. 58 http://www.apdha.org/media/Informe_suspension_SOAJP_270513.pdf

[2] “mi propósito es restablecer ese servicio, porque creo en él. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con usted en el fondo, pero no en la forma, porque la forma, como le explicaré a continuación, nos crea muchas dificultades. El servicio está suspendido porque el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tenía que haber emitido un informe al Ministerio del Interior favorable para autorizar la firma del convenio y, como no lo ha emitido, Interior no acaba de firmarlo. Eso es lo que hemos acabado averiguando. Y en esas circunstancias, la consejería no puede seguir financiando el servicio, y le explico por qué. Desde luego, consciente de que ello es así, hemos insistido en la necesidad de reanudar este convenio tripartito para continuar con la prestación del servicio, un servicio que, por otro lado, no ofrecen todas las comunidades autónomas —luego, si quiere hablamos de eso, pero creo que es algo que debemos dejar claro desde ahora mismo—. Y se ha puesto de manifiesto, desde luego, la importancia, para las personas privadas de libertad, que ha venido significando la existencia de este servicio. Por ello, este Gobierno viene reclamando su restablecimiento lo antes posible”. Comparecencia de 28 de mayo de 2013 del Consejero de Justicia en la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento Andaluz. http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=80333

[3] “La suspensión del servicio viene por estar afectada la Addenda al Convenio por el que se prestaba este servicio, al informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administración Pública. En este sentido, se expuso que así mismo que junto a la voluntad y compromiso de reanudación de la prestación de este servicio, el criterio de esta Consejería era mantener el modelo de Convenio Tripartito” Escrito de 30 de julio de 2012 de la Consejera de Justicia e Interior al Defensor del Pueblo Andaluz (Queja 12/3109).


[4] Pag 22 “El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a incorporar una partida específica en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2014, de manera que se contengan los créditos suficientes para reanudar así el SOAJP, y garantizar y respetar el derecho fundamental a la defensa en el ámbito penitenciario andaluz”. Proposición No de Ley aprobada por unanimidad  la Comisión de Justicia e Interior en sesión celebrada el día 16 de octubre de 2013. http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=85153