EN
EL DÍA DE LA JUSTICIA GRATUITA, ENLACE TEME QUE DE NUEVO SEAN LAS PERSONAS MÁS
DESFAVORECIDAS LAS QUE SUFRAN LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA
Desde su creación, la Justicia Gratuita ha estado pensada para garantizar la asistencia jurídica de aquellas personas que carecen de recursos económicos suficientes para costearse los gastos procesales y de defensa de los procedimientos judiciales. Esta medida es necesaria en un Estado de Derecho que se sustenta en el Derecho Fundamental a la Defensa como uno de sus pilares básicos, derecho irrenunciable reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.
El
repetido embate a la Justicia Gratuita, unido a la implantación paulatina de
las tasas judiciales puede suponer, además, que las personas sin recursos vean
dificulado su acceso a la Justicia en condiciones de igualdad que las que SÍ se
la pueden costear. A día de hoy, no sabemos con exactitud cómo van a afectar
estos recortes en Andalucía.
Ya
en abril de este año, la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de
Andalucía pidió a los Colegios de Abogados que suspendieran los Servicios de Orientación
y Asistencia Jurídico Penitenciaria ante la ausencia de prórroga del Convenio
de Colaboración que venían manteniendo al efecto las Administraciones estatal y
andaluza. Esto ha supuesto dejar sin asistencia jurídica a más de 16.000
personas presas, la mayoría de ellas con graves problemas de drogodependencias
y/o exclusión social que carecen de recursos económicos. Según Antonio Escobar,
presidente de ENLACE, “debemos poner fin de una vez a estas políticas que
se ceban con las clases más desfavorecidas”.
Ante
el informe presentado en el día de hoy por el Consejo Andaluz de la Abogacía
Española con motivo de la celebración del día de la Justicia Gratuita, ENLACE
exige a Junta y Gobierno Central que den un giro a esta situación y garanticen
a todas las personas su Derecho de Defensa en condiciones de igualdad, con
independencia de su status económico.
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