La falta de asistencia sanitaria a los inmigrantes con VIH en situación irregular generará un serio problema de salud pública

Se estima que en España entre el 65% y el 70% de los inmigrantes con VIH en situación irregular conocerían su infección, y entre 2.700 y 4.600 personas dejarían de recibir  tratamiento antirretroviral.

Cuando se deja de tomar la medicación antirretroviral, el virus empieza a multiplicarse y las personas pasan a ser más infectivas. Los expertos calculan que en tan solo un año, se producirían  entre 324 y 580 nuevos casos, que se añadirían a los que se producen anualmente en España.   

Madrid, 8 de agosto de 2012. La Coordinadora Estatal de VIH-Sida, CESIDA, advierte de las graves consecuencias que tendrá en la salud individual y colectiva, la retirada de la tarjeta sanitaria a los extranjeros en situación irregular, el 31 de este mes, afectando a los derechos básicos como es el Derecho de la Salud, generando graves consecuencias en la calidad asistencial y en la atención sanitaria, en el medio y largo plazo.

En este sentido, Juan Ramón Barrios, miembro de la Comisión Ejecutiva de CESIDA, señala que “retirar la tarjeta sanitaria es una medida que incrementa el riesgo de exclusión social y las desigualdades en salud. Además, la orden que está preparando el Gobierno de Mariano Rajoy para que las personas inmigrantes en situación irregular que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos tengan que pagar una cantidad mensual, es un parche inasumible para muchas personas, que supone un  paso más hacia la privatización de la sanidad pública y provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias, incrementando los ingresos hospitalarios, la presión asistencial, suponiendo en consecuencia mayor gasto sanitario.”

Las consecuencias de estas medidas                                           

Las personas extranjeras en situación irregular con VIH que a partir de septiembre no tengan la tarjeta sanitaria, no tendrán acceso a los medicamentos antirretrovirales.

Esta exclusión del sistema sanitario o la dificultad de acceso al tratamiento, implican un deterioro de la salud comunitaria y una falta de control sanitario respecto a la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, lo que generará un serio problema de salud pública. Además supone una violación de los derechos humanos y contraviene lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Española donde se reconoce el derecho a la protección de la salud.

Algunas de las consecuencias, tanto a nivel individual como de la sociedad, de no recibir tratamiento antirretroviral ya sea como continuación del mismo o en personas recién diagnosticadas, son, entre otras:

1 - Incremento  de muertes en las personas infectadas por el VIH.

2 - Aumento del número de infecciones oportunistas y de los ingresos hospitalarios.
3 - Incremento en la trasmisión del VIH a la población general, generando un grave problema a nivel de salud pública.
4 – Aumento de enfermedades infecciosas, como tuberculosis, sífilis, etc.
5 - Mayor posibilidad de trasmisión madre-hijo del VIH.