10 ago. 2012

Las drogodependencias continúan sufriendo los efectos del desmantelamiento de los servicios socio-sanitarios


Según comunicación del Gobierno andaluz, cerca de una decena de centros de atención a personas con problemas de drogodependencias, a partir del 31 de agosto dejarán de recibir la financiación necesaria para prestar sus servicios.

            La Federación Andaluza ENLACE, entidad que lleva trabajando más de 20 años en el ámbito de las drogodependencias y la exclusión social, y que aglutina a 105 asociaciones y federaciones provinciales que desarrollan su labor social en todo el territorio andaluz, denuncia el abandono progresivo de las clases más desfavorecidas por parte de los poderes públicos.
            En este sentido apela al Gobierno andaluz para que diga NO a estas políticas que provocan injusticia social y garantice la atención a todas las personas con problemas de drogodependencias, especialmente a aquellas con más dificultades para su inclusión socio-laboral.
            En el día de ayer, se reunieron en la sede de ENLACE las entidades que desarrollan los programas de Centro de Día para personas drogodependientes en tratamiento, que han visto de un día para otro cómo su servicio está en grave riesgo de desaparecer e interrumpir drásticamente los itinerarios desarrollados con usuarios y usuarias. Al menos 6 de los centros afectados pertenecen a entidades de la Federación ENLACE. A lo largo de la semana pasada la Junta de Andalucía les fue transmitiendo que la financiación que venían recibiendo dichos centros desde los años 90, finalizaba a 31 de agosto.
            El Centro de Día está configurado como un espacio terapéutico complementario al tratamiento, que incide en la incorporación socio-laboral de las personas con problemas de drogodependencias que tienen más dificultades, buscando afianzar la estabilización y normalización social de la persona. En dichos centros se trabajan las áreas sanitaria, formativo-laboral, judicial, familiar, de relaciones sociales, de ocio y tiempo libre y de desarrollo personal. La prevención de recaídas, la formación ocupacional, las técnicas de búsqueda de empleo y el entrenamiento en autocontrol son algunas de las actividades desarrolladas por estos centros.
Lo que en agosto les ha ocurrido a los Centros de Día de atención a las adicciones, que podría afectar en un futuro próximo a otros programas y recursos gestionados por las asociaciones, hay que situarlo en un contexto de continuos recortes y asfixia económica que viene afectando al sector de las drogodependencias desde hace varios años. Según un sondeo realizado por la Federación Andaluza ENLACE a las 105 entidades federadas que trabajan en barrios y pueblos de toda Andalucía, la Administración Pública debe más de 3 millones de euros (1.352.000 € las Administraciones Locales, 1.886.000 la Administración Autonómica y 158.500 € la Administración central), ya hay más de 123 programas interrumpidos, 3.675 personas desatendidas, 339 trabajadores/as con retrasos en el cobro de sus nóminas y/o reducciones de jornada y 120 trabajadores/as despedidos/as. Estas 105 asociaciones trabajan con más de 25.000 personas en programas de apoyo al tratamiento e incorporación social (77% de hombres y 23% de mujeres) y con casi 71.000 en prevención de drogodependencias, y en los últimos años ha crecido la demanda casi exponencialmente.
            Las entidades que formamos ENLACE estamos convencidas de que los gobiernos tienen que establecer prioridades en sus políticas y éstas deben pasar por garantizar la Justicia Social y la igualdad efectiva de los ciudadanos y las ciudadanas, como establece nuestra Constitución.
            Recientemente, un informe de la ONU critica la política seguida por el Gobierno español para “salir” de la crisis y afirma que está provocando cada día más pobreza y que se está cebando en las clases desfavorecidas. De nuevo exigimos a todas las Administraciones Públicas un cambio en las políticas que evite el empobrecimiento progresivo de la ciudadanía española y que incentive la economía haciendo frente a la dictadura externa a la que estamos sometidos/as.

8 ago. 2012

La falta de asistencia sanitaria a los inmigrantes con VIH en situación irregular generará un serio problema de salud pública

Se estima que en España entre el 65% y el 70% de los inmigrantes con VIH en situación irregular conocerían su infección, y entre 2.700 y 4.600 personas dejarían de recibir  tratamiento antirretroviral.

Cuando se deja de tomar la medicación antirretroviral, el virus empieza a multiplicarse y las personas pasan a ser más infectivas. Los expertos calculan que en tan solo un año, se producirían  entre 324 y 580 nuevos casos, que se añadirían a los que se producen anualmente en España.   

Madrid, 8 de agosto de 2012. La Coordinadora Estatal de VIH-Sida, CESIDA, advierte de las graves consecuencias que tendrá en la salud individual y colectiva, la retirada de la tarjeta sanitaria a los extranjeros en situación irregular, el 31 de este mes, afectando a los derechos básicos como es el Derecho de la Salud, generando graves consecuencias en la calidad asistencial y en la atención sanitaria, en el medio y largo plazo.
En este sentido, Juan Ramón Barrios, miembro de la Comisión Ejecutiva de CESIDA, señala que “retirar la tarjeta sanitaria es una medida que incrementa el riesgo de exclusión social y las desigualdades en salud. Además, la orden que está preparando el Gobierno de Mariano Rajoy para que las personas inmigrantes en situación irregular que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos tengan que pagar una cantidad mensual, es un parche inasumible para muchas personas, que supone un  paso más hacia la privatización de la sanidad pública y provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias, incrementando los ingresos hospitalarios, la presión asistencial, suponiendo en consecuencia mayor gasto sanitario.

Las consecuencias de estas medidas                                           

Las personas extranjeras en situación irregular con VIH que a partir de septiembre no tengan la tarjeta sanitaria, no tendrán acceso a los medicamentos antirretrovirales.

Esta exclusión del sistema sanitario o la dificultad de acceso al tratamiento, implican un deterioro de la salud comunitaria y una falta de control sanitario respecto a la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, lo que generará un serio problema de salud pública. Además supone una violación de los derechos humanos y contraviene lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Española donde se reconoce el derecho a la protección de la salud.

Algunas de las consecuencias, tanto a nivel individual como de la sociedad, de no recibir tratamiento antirretroviral ya sea como continuación del mismo o en personas recién diagnosticadas, son, entre otras:

1 - Incremento  de muertes en las personas infectadas por el VIH.
2 - Aumento del número de infecciones oportunistas y de los ingresos hospitalarios.
3 - Incremento en la trasmisión del VIH a la población general, generando un grave problema a nivel de salud pública.
4 – Aumento de enfermedades infecciosas, como tuberculosis, sífilis, etc.
5 - Mayor posibilidad de trasmisión madre-hijo del VIH.