26 sept. 2016

ENLACE Y APDHA RECLAMAN UN MAYOR USO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PARA EVITAR QUE ANDALUCÍA SIGA SIENDO LA REGIÓN CON MÁS PERSONAS ENCARCELADAS



ENLACE Y APDHA RECLAMAN UN MAYOR USO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PARA EVITAR QUE ANDALUCÍA SIGA SIENDO LA REGIÓN CON MÁS PERSONAS ENCARCELADAS

La Federación Andaluza ENLACE y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, con motivo del Día de la Merced, patrona de prisiones, han recordado esta mañana en rueda de prensa celebrada en Córdoba que es posible y necesario reducir el número de personas encarceladas y que éstas deben tener el mismo acceso a la sanidad que el resto de la población.


Jorge Ollero, Coordinador Jurídico de ENLACE, ha presentado los resultados del estudio “La realidad penal y penitenciaria: una visión desde las entidades sociales” en el que se recogen datos contrastados sobre la situación de las cárceles españolas y andaluzas, que ha sido realizado en colaboración con la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP). Ollero destacó que “Andalucía es la región española con mayor número de personas encarceladas, más de 14.000, pese a ser una de las regiones con menor tasa de criminalidad.” Además añadió que “en Andalucía hay más de 10.000 personas en prisión por problemas relacionados con las drogas (unos 9.100 hombres y  900 mujeres). Según los datos de este estudio “de acuerdo a nuestra tasa de criminalidad y en relación a la media europea, un 48% de las personas encarceladas deberían estar en libertad.” “Esto demuestra”, recalcó Ollero, “que podríamos tener 7.000 andaluces y andaluzas fuera de prisión, sin que eso aumentara la delincuencia, simplemente utilizando más las medidas alternativas a la prisión, como el cumplimiento de la pena en un centro de tratamiento de drogodependencias o la mediación penal”.

Por su parte, Valentín Aguilar, Coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunció el incumplimiento de la legislación por parte de la Administraciones, que establecía que las competencias sanitarias en prisión debían ser traspasadas desde el Ministerio del Interior a la Junta de Andalucía. Ambas administraciones han mantenido un desinterés absoluto. La APDHA consiguió junto a la presión de otras entidades, entre las que se puede destacar al Defensor Andaluz, que el Parlamento Andaluz solicitara el pasado mes de junio este traspaso mediante una proposición no de ley. A tal fin ha iniciado una campaña #SanidadenPrisión exigiendo que las transferencias se produzcan de forma automática en el plazo prudencial de 18 meses. Se realizarán propuestas a los distintos partidos e instituciones y se recogerán adhesiones de entidades a tal fin (http://www.apdha.org/sanidad-en-prision/).

En la actualidad, y hasta tanto se produzca la transferencias, la sanidad está lejana de la igualdad de condiciones con la población libre que exige la legislación. Así la atención sanitaria es de segunda, con productos farmacológicos de distinta categoría (STS de 28 de marzo de 2016, declaró ilegal está práctica, pese a ello continua). Entre otras cuestiones se pueden citar las graves dificultades para acceder a la medicación, serios inconvenientes para obtener citas de especialistas, pérdidas reiteradas de citas médicas con perjuicios en algunos casos muy considerables para la salud de los pacientes, modificación de la medicación prescrita, falta para el acceso de los médicos de prisiones a las historias clínicas –en muchos casos no tienen ni acceso a internet-, aislamiento de los facultativos, desorbitada ratio médico/paciente, entre otros. Muchos de estos problemas vienen causados por la dependencia del personal sanitario del Ministerio del Interior y como consecuencia, de criterios de seguridad antes que criterios médicos.

En el ámbito local, Presentación Izquierdo, Trabajadora Social de la asociación Ariadna (entidad federada en ENLACE), expuso el trabajo realizado en la cárcel de Córdoba. En dicha prisión, y según los últimos datos disponibles (2015), la población penitenciaria ascendía a 1.471 personas (1.386 hombres y 85 mujeres). Ariadna hace una labor de acompañamiento y seguimiento a personas presas con problemas de adicciones y también reivindica un mayor uso de las alternativas a la prisión. Según Izquierdo, “la cárcel cronifica y no resuelve los problemas de drogodependencias. Es necesario contar con más recursos para realizar un abordaje integral y en este sentido consideramos muy grave la situación que viven muchas personas con patología dual (enfermedad mental + drogodependencias). La inmensa mayoría de las infracciones registradas en la provincia de Córdoba no son de gravedad y por tanto no se explica la alta tasa de encarcelamiento”.

21 sept. 2016

LA FEDERACIÓN ENLACE PRESENTA EL ESTUDIO “LA REALIDAD PENAL Y PENITENCIARIA: UNA VISIÓN DESDE LAS ENTIDADES SOCIALES”

Con motivo del Día de la Merced, patrona de las personas presas, el próximo viernes dia 23 desde la Federación Andaluza ENLACE, presentaremos en rueda de prensa el estudio "La realidad penal y penitenciaria: una visión desde la entidades sociales" en el que se recogen datos contrastados sobre la situación de las cárceles españolas y andaluzas, destacvando, entre otras informaciones, que de acuerdo a nuestra tasa de criminalidad y en relación a la media europea, un 48% de las personas encarceladas deberían estar en libertad.

El estudio ha sido realizado en colaboración con otras entidades de la ROSEP, Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario, a la que ENLACE pertenece con más de 50 entidades de todo el estado español. Este informe señala tambien que un 65% de la població penitenciaria acaba en prisión con problemas de adicciones. Desde ENLACE entendemos que las personas drogodependientes deberían ser destinadas a recursos extrapenitenciaarios para su tratamiento, ya que la prisión no es el mejor lugar para superar esta problemática.

La presentación del estudio se realizará desde la Sede de la Fundación EMET-Arco Iris en Córdoba, donde se presentará también la campaña SANIDAD EN PRISIÓN de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, y como colofón la Asociación Ariadna informará de la problemática de las personas drogodependientes a las que atienden en el Centro Penitenciario de Córdoba.

En la rueda de prensa intervendrán:

  •  Jorge Ollero, coordinador jurídico de la Federación Andaluza ENLACE.
  • Valentín Aguilar, coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
  • Presentación Izquierdo, Trabajadora Social de la Asociación Ariadna. 


12 sept. 2016

LAS ASOCIACIONES DE DROGODEPENDENCIAS DE ANDALUCIA CUESTIONAN LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES ANDALUZA



ENLACE REITERA ANTE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DEL PARLAMENTO ANDALUZ QUE LOS SERVICIOS SOCIALES NO DEBEN SER OBJETO DE NEGOCIO


La Federación Andaluza ENLACE, que representa a más de 103 asociaciones, entre ellas Atani, que trabajan en el ámbito de las adicciones, VIH y exclusión social, acudió el pasado día 5 de septiembre a la comparecencia ante la Comisión que redacta la nueva Ley de Servicios Sociales, para presentar sus propuestas, las cuales están dirigidas a reclamar que los servicios sociales financiados públicamente no se pongan en venta al mejor postor.


Antonio Escobar, presidente de ENLACE, expuso ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento Andaluz “que los Servicios Sociales son un elemento esencial del Estado del Bienestar, ya que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables de nuestra sociedad y que, por tanto, las normas del mercado no deben imperar en este ámbito. Por ello, la participación de empresas lucrativas debe excluirse, mientras que la participación de entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro debe tener una regulación diferenciada, a través de acuerdos de acción concertada, como ha hecho ya la Comunidad Autónoma de Aragón”.

Además, señaló que “se debe incluir en la próxima Ley que la drogodependencia es una clara situación de desigualdad social, que aumenta la vulnerabilidad social de las personas, por lo que el tratamiento integral para las personas con problemas de drogodependencia y otras adicciones debe seguir siendo una prestación garantizada por el sistema público de Servicios Sociales”.

Finalmente, recalcó que hay regular los servicios sociales como verdaderos derechos subjetivos, no condicionados a la disponibilidad presupuestaria o a las exigencias de cumplimiento del déficit, porque “los derechos subjetivos de las personas no deben ponerse en venta”.