Aprobada
en el día de hoy por todos los grupos parlamentarios segunda proposición no de
ley instando a su reanudación y requiriendo al Consejo de Gobierno para
incorporar partida específica en los presupuestos del 2014
Se
cumplirá año y medio sin asistencia letrada para las 15.500 personas privadas
de libertad
Los Servicios de Orientación y
Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) fueron suspendidos en Andalucía en
mayo del 2012 por la Consejería de Justicia, justificándose en la necesidad de
la firma por parte del Ministerio del Interior de un convenio Tripartito entre
éste, la Consejería y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
Esta plataforma reclamó la
inmediata reinstauración de este servicio, sin necesidad de esperar dicha
firma, pues la considerábamos innecesaria. En Andalucía se había estado
prestando el servicio durante más de 8 años sin dicha firma, y en ninguna otra
comunidad se funcionaba bajo el modelo tripartito pretendido por la Consejería.
El 14 de mayo de 2013 el Defensor del Pueblo Estatal comunicó que el Ministerio le había informado por escrito que no firmaría el citado Convenio por no ser precisa su firma, ya que
estaba autorizada la prestación de los servicios por los convenios existentes
con los Colegios de Abogados.
Por ello, el 28 de mayo
siguiente se aprobó en la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento
Andaluz, sin oposición del grupo parlamentario del PSOE, una proposición no de
ley de continuar prestando los servicios sin la firma del Ministerio del
Interior. Ese mismo día, a continuación en la misma Comisión, el Consejero de Justicia compareció personalmente y se comprometió a la búsqueda de soluciones alternativas al convenio tripartito .
A pesar de ello, la
única actuación realizada por la Consejería ha sido volver a pedir al
Ministerio del Interior, en septiembre de 2013, que firme un convenio
tripartito, lo que en la práctica es como reírse del Parlamento y vapulear los
derechos de las presas y los presos. Ello explica el enorme malestar expresado
hoy por los grupos políticos con el Consejero.
El Consejero está jugando con
los derechos de 15.500 personas presas, que siguen sin ningún tipo de
asistencia, incluyendo la defensa y atención jurídica especializada en materia
penitenciaria, y todo ello, unido a la realidad de la población reclusa, a la
urgencia de los plazos procesales (en derecho penitenciario, la mayoría, entre
tres y cinco días) y al desconocimiento del/a recluso/a acerca de sus derechos
y del modo de hacerlos efectivos, colocando a la persona presa en una situación
de indefensión y desigualdad a todas luces anticonstitucional.
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