Este Proyecto de Ley conlleva una
grave lesión para los Derechos Humanos y las personas más vulnerables
(Madrid, 17 de marzo de 2015).- La
Plataforma del Tercer Sector, tal y como viene haciendo en los últimos meses, reitera
su preocupación por la aprobación en el pleno del Senado, del Proyecto de Ley
de Protección de Seguridad Ciudadana, que, al igual que sucedió en el Congreso
en diciembre, ha contado solo con los votos del Grupo Parlamentario del Partido
Popular y el veto a la totalidad del resto.
La Plataforma considera que el
rechazo de todos los grupos parlamentarios excepto del Partido Popular es
reflejo de la oposición a este Proyecto de Ley por parte de la ciudadanía,
entidades sociales, plataformas, operadores jurídicos, organismos de Derechos
Humanos de la Unión Europea y, en los últimos días, de relatores de Naciones
Unidas.
En dos semanas, el Proyecto
volverá al Congreso de los Diputados para su última votación, por lo que la
Plataforma del Tercer Sector hace un nuevo llamamiento para que se tengan en
cuenta las propuestas y aportaciones del sector.
En esta línea, explica que a las
260 enmiendas que se le hicieron en el Congreso se le suman ahora 225 más y, de
las del Senado solo han sido aprobadas las propuestas por el Grupo
Parlamentario del Partido Popular en su Comisión de Interior.
Así, recuerda que aunque han sido
modificados parcialmente algunos artículos referidos a los Derechos Humanos de
Manifestación y Reunión, no se han tenido en cuenta las aportaciones más
relevantes hechas desde el Tercer Sector y recogidas en su documento de
propuestas y que tienen, entre otros, el objetivo de evitar una deriva que
conlleve la criminalización de la pobreza, como en otros países de nuestro
entorno europeo está sucediendo.
Entre otras cuestiones, la
Plataforma señala que no se incluye la prohibición expresa de llevar a cabo
posibles identificaciones causadas por perfiles raciales o étnicos, dado
que conllevan un acto de discriminación directa (Directiva 2000/43/CE).
Del mismo modo, lamenta que no se
modifique la redacción actual sobre registro domiciliario, eliminando
garantías muy básicas, ni se garantizan las medidas de accesibilidad necesarias
para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
La Plataforma rechaza que se siga
castigando con sanciones económicas, que pueden llegar a los 30.000
euros, especialmente a las personas por su situación de vulnerabilidad, como
sucede con el ejercicio de la prostitución, el consumo de drogas en la calle y
la situación desinhogarismo.
Asimismo, insiste en que se sigue
limitando la posibilidad de evitar la sanción por consumo y tenencia de drogas
a cambio de sometimiento a tratamiento sólo a menores de edad.
La Plataforma del Tercer Sector
sigue mostrando su rechazo frontal al mantenimiento de la Disposición sobre expulsiones
sumarias, que, aunque se ha visto modificada en la tramitación en el
Senado, sigue manteniendo en el llamado “rechazo en frontera”, consecuencia
directa de la pretensión de entrar por un puesto fronterizo habilitado sin
cumplir los requisitos de entrada.
En este sentido, recuerda que la
Ley Orgánica de Extranjería ya cuenta con procedimientos legales para el caso
de entradas irregulares en España por puestos no habilitados, que conllevan una
serie de garantías como son la asistencia letrada, el derecho a intérprete y la
posibilidad de solicitar protección internacional, identificar potenciales
víctimas de trata y otros perfiles vulnerables.
Según señala la Plataforma, las
actuaciones descritas en el Proyecto de Ley vulneran lo dispuesto por los art. 12 y 13 de la Directiva europea
2008/115/CE y el art. 13 del Código de Fronteras Schengen, que establecen como
garantías en todo procedimiento de retorno, la obligatoriedad de una resolución
motivada para la denegación de entrada.
La oposición a la Ley de Seguridad
Ciudadana es compartida por una gran mayoría social y política. Junto a
movimientos sociales y la Plataforma NoSomosDelito, hemos sumado esfuerzos para
pedir que las personas más vulnerables y excluidas puedan ejercer sus derechos
y libertades en plenitud. Con este propósito, recibimos positivamente el pacto
ratificado públicamente por la mayoría de partidos políticos en la oposición
para derogar o modificar la ley cuando sea posible.
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