17 jun. 2015

ENLACE PIDE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE GARANTICEN EL APOYO A LAS ENTIDADES SOCIALES QUE INTERVIENEN CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES DE NUESTRA SOCIEDAD



El fallo del Tribunal Supremo a favor del recurso de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, tendrá un impacto muy negativo para las entidades que trabajan en adicciones en Andalucía.

Desde la Federación Andaluza ENLACE se vive con enorme preocupación la noticia de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara nulas las bases reguladoras de las subvenciones con cargo a al IRPF, las cuales han permitido que muchas ONGs de todo el Estado desarrollen programas de atención a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
“También el ámbito de las adicciones en Andalucia se va a ver afectado, ya que la mayoría de las entidades federadas en ENLACE son beneficiarias de estas subvenciones”, afirma Antonio Escobar, presidente de la Federación.
Los programas que desarrollan las organizaciones de Andalucía, dirigidos a la prevención de las adicciones y a la atención de las personas que sufren esta problemática, cuentan con la financiación de ayuntamientos, de la Junta de Andalucía (a través de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales) y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF. Dado el enorme retraso que tienen año tras año las subvenciones procedentes de la Administración autonómica, las asociaciones cuentan durante varios meses únicamente con el dinero procedente de esta convocatoria del Ministerio, que les permite desarrollar sus programas, en tanto la Junta de Andalucía pública y resuelve su convocatoria.
“Las asociaciones andaluzas de drogodependencias nos estamos viendo muy afectadas por los recortes que año tras año se están produciendo en las ayudas públicas, en momentos de aumento de la demanda y de las necesidades sociales. Estamos manteniéndonos gracias al compromiso de las personas voluntarias y a la generosidad del personal contratado, que  trabaja durante varios meses sin cobrar.” Según manifiesta Antonio Escobar, “la desaparición de la convocatoria del IRPF va a tener un impacto muy grande en las entidades, que se van a ver obligadas a recortar en sus programas y servicios, afectando esto al final a los colectivos excluidos con los que intervenimos”.
Desde  la Federación se pide a las distintas Administraciones Públicas un compromiso firme por los derechos de las personas más desfavorecidas socialmente, garantizando la atención a sus necesidades y el apoyo a las organizaciones del tercer sector que trabajan por la inclusión social. 

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