El fallo del Tribunal Supremo a
favor del recurso de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto
535/2013, de 12 de julio, tendrá un
impacto muy negativo para las entidades que trabajan en adicciones en
Andalucía.
Desde la Federación Andaluza ENLACE se vive
con enorme preocupación la noticia de la reciente sentencia del Tribunal
Supremo que declara nulas las bases reguladoras de las subvenciones con cargo a
al IRPF, las cuales han permitido que muchas ONGs de todo el Estado desarrollen
programas de atención a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
“También el ámbito de las adicciones en
Andalucia se va a ver afectado, ya que la mayoría de las entidades federadas en
ENLACE son beneficiarias de estas subvenciones”, afirma Antonio Escobar,
presidente de la Federación.
Los programas que desarrollan las
organizaciones de Andalucía, dirigidos a la prevención de las adicciones y a la
atención de las personas que sufren esta problemática, cuentan con la
financiación de ayuntamientos, de la Junta de Andalucía (a través de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales) y del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la convocatoria de subvenciones con
cargo al IRPF. Dado el enorme retraso que tienen año tras año las subvenciones
procedentes de la Administración autonómica, las asociaciones cuentan durante
varios meses únicamente con el dinero procedente de esta convocatoria del
Ministerio, que les permite desarrollar sus programas, en tanto la Junta de
Andalucía pública y resuelve su convocatoria.
“Las asociaciones andaluzas de
drogodependencias nos estamos viendo muy afectadas por los recortes que año
tras año se están produciendo en las ayudas públicas, en momentos de aumento de
la demanda y de las necesidades sociales. Estamos manteniéndonos gracias al
compromiso de las personas voluntarias y a la generosidad del personal
contratado, que trabaja durante varios meses sin cobrar.” Según
manifiesta Antonio Escobar, “la desaparición de la convocatoria del IRPF va a
tener un impacto muy grande en las entidades, que se van a ver obligadas a
recortar en sus programas y servicios, afectando esto al final a los colectivos
excluidos con los que intervenimos”.
Desde la Federación se pide a las
distintas Administraciones Públicas un compromiso firme por los derechos de las
personas más desfavorecidas socialmente, garantizando la atención a sus
necesidades y el apoyo a las organizaciones del tercer sector que trabajan por
la inclusión social.
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