25 mar. 2015

La Sociedad Española frente a su Sistema Penal



La APDHA presenta la encuesta “La Sociedad Española frente a su Sistema Penal” PRIMERA ENCUESTA QUE PONE EN DUDA EL APOYO A LA CADENA PERPETUA

http://www.apdha.org/la-sociedad-espanola-frente-a-su-sistema-penal/

 
- Más de la mitad de la población española está en contra de la cadena perpetua revisable al saber cuánto cuesta. El Sí a la Cadena Perpetua Revisable baja de 69,6% al 47,6 % en el supuesto de que el coste/año de un preso fuera de 30.000 €.

- Hay una tendencia positiva hacia el NO a la Cadena Perpetua subiendo 15 puntos desde encuestas realizadas en 2008.

- Hay un absoluto desconocimiento de la población española en cuanto a la realidad de las cárceles y el Sistema Penal. Solo un 7,3 % conocen cuánto tiempo puede estar una persona en prisión.

- El 89,9 % desconocen que el nivel de reincidencia en delitos de homicidio o asesinato y contra la libertad sexual es muy inferior al de delitos comunes.

Según el informe “La Sociedad Española frente a su Sistema Penal” presentado esta mañana por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, un 30,4% de la población española está en contra de la Cadena Perpetua Revisable (aunque eufemísticamente el Gobierno le haya llamado Prisión Permanente Revisable) que el Congreso aprueba este jueves. Este dato muestra la tendencia positiva respecto al “NO a la Cadena Perpetua” que se viene dando en las diferentes encuestas realizadas desde 2008 (Sigmados, 2008; Metroscopia, 2009; Simple Lógica Investigación, 2012; Metroscopia, 2015), aumentando en 15 puntos la población que está en contra de este medida. La encuesta, realizado a nivel estatal por la APDHA, constata además que estas cifras salen cuando se pregunta por la Cadena Perpetua sin darle ningún otro tipo de información a la ciudadanía. En el momento que se introduce algún otro dato de valoración como por ejemplo el coste anual por preso (30.000€) las cifras suben siendo más de la mitad de la población española la que está en contra de esta opción. Por lo que desde la APDHA, deducimos que cuanto más informada está la población más en contra está de la Cadena Perpetua Revisable impulsada por el gobierno del Partido Popular. Y es el desconocimiento de la realidad de las cárceles y nuestro Sistema Penal otro de los datos que arroja el estudio presentado hoy. La población tiene una creencia errónea del porcentaje de delincuencia más grave, incrementando exponencialmente su porcentaje. El 27,1% de los encuestados desconocen el porcentaje de condenados por delitos de homicidio, asesinato o contra la libertad sexual. Entre los que indican un porcentaje, lo más frecuente ha sido que es superior al 25% de los condenados. Y atendiendo a la población acumulada, la mitad de la población opina que es superior al 10%. La realidad es que es mínimo, inferior al 2% del total. Se concluye que la sociedad desconoce el bajo porcentaje que representan los delitos más graves respecto al total de delitos. Solo un 12,5% acierta. Más de la mitad de las personas opinan que la reincidencia en delitos de homicidio o asesinato y contra la libertad sexual respecto al resto de delitos es superior o muy superior. Solo el 4% conoce la realidad, que es que dicha reincidencia es muy inferior. El 89,8% desconoce por tanto este dato.

Existe desconocimiento de la estancia máxima posible en prisión. Solo el 7,3% de personas conocen que es posible la inexistencia de límite de cumplimiento (cadena perpetua de hecho) si se han cometido diversos delitos. Un ínfimo 4,8% señalan que el límite máximo es de 40 años, a lo que debe añadirse que un raquítico 2,3% más se acerca, un 1,9 % piensan que es de 31 a 39 y un 0,4% afirma que son 50 años. En definitiva, un escaso 7,1% acierta o se acerca en 10 años al límite máximo de condenas acumulables. Un 39,4% afirma no saber cuál es el número máximo de años. La población tiene la sensación de que los presos se fugan con facilidad. Menos de la mitad de los entrevistados (40,5%) tenían una creencia en sintonía con la realidad (el índice de fuga es 0,51%), y un alto porcentaje (19,8%) manifestó desconocimiento. Existe un alto porcentaje acumulado de las personas que indican que es superior al 10%. A su vez, existe un alto porcentaje que manifiesta desconocimiento del estilo de vida en prisión. La opinión más frecuente ha sido que el porcentaje de personas encarceladas que disfruta de un tercer grado es superior al 25%, totalmente opuesto a la realidad. Solo un 6,5% se aproxima a la realidad (un 15% de presos disfrutan de tercer grado). De todo lo anterior se puede confirmar el desconocimiento de que España es el tercer país más seguro de la UE y tiene la segunda tasa de encarcelamiento de Europa. Esta situación determina la petición injustificada de mayores penas. Otro dato relevante es que la ciudadanía considera injusta las penas del Código Penal establecidas para la baja delincuencia. Más de la mitad de los entrevistados cree que la condena más justa para un tirón de bolso en que la víctima cae al suelo sin causar lesiones es la de trabajos en beneficio de la comunidad (53,4%). Solo el 6,9% considera justa la pena de prisión del Código Penal de 2 a 5 años, lo que denota que la ciudadanía considera muy duras las penas impuestas en nuestro país para este tipo de delitos. Al ser cuestionado por cómo debe actuar el Estado para resarcir a las víctimas de delitos graves los resultados son: proteger más su derecho a la intimidad (66,7%), conceder mayor apoyo económico (51,2%), conceder mayor apoyo psicológico y social (41,6%), otro tipo de ayuda un 4,3% y un escaso 2,3% que considera que el estado no puede hacer nada. En definitiva, desde la APDHA concluimos que los datos del Estudio confirman el radical desconocimiento que tiene la sociedad española en referencia a nuestro Sistema Penal y la situación de nuestras cárceles. Desde nuestra Asociación consideramos que si la ciudadanía conociera los datos reales seguramente tendría otra opinión sobre temas de vital importancia en materia de Derechos Humanos como es la aprobación o no de la Cadena Perpetua Revisable.

18 mar. 2015

La Federación Andaluza ENLACE y la Federación Provincial de Sevilla Liberación denuncian que a estas alturas de 2015 continúan sin noticias sobre los presupuestos sociales en Andalucía

Las asociaciones andaluzas que trabajan en drogodependencias y exclusión social con las personas más desfavorecidas, denuncian la situación de asfixia e insostenibilidad en la que se encuentran por los retrasos en los pagos de las subvenciones de 2014 y la incertidumbre acerca de las convocatorias de 2015.


 En palabras de Antonio Escobar, presidente de ENLACE, “esta situación se ha visto agravada por el adelanto del cierre presupuestario del ejercicio 2014 a finales de octubre, que ha dejado sin abonar cientos de subvenciones a proyectos ejecutados en 2014 por Organizaciones No Gubernamentales, endeudando y poniendo en riesgo la supervivencia y la labor social de numerosas entidades andaluzas”.


Según Manuel Vera, presidente de Liberación, “existe una realidad de exclusión y de aumento de las necesidades sociales que las entidades sin ánimo de lucro estamos conteniendo con muchísimas dificultades, sufriendo continuas bajadas en los presupuestos andaluces. De nuevo la partida de "Entidades colaboradoras del Plan Andaluz sobre Drogas" disminuye de manera alarmante. Si en 2005 esta partida estaba dotada con 5,85 millones de euros, 10 años después se ha reducido a 1,2 millones de euros. Estamos hablando de una disminución del 80%, es decir, en 2015 las entidades colaboradoras reciben sólo el 20% de lo que recibían en 2005. Y podemos asegurar por experiencia propia que este dinero hace más falta que nunca”.

            “El trabajo que venimos realizando en colaboración con la red pública de atención se está viendo afectado  por el cierre de algunas entidades sociales, la falta de personal necesario para las intervenciones, la asfixia económica y la incertidumbre acerca del futuro”, apunta Antonio Escobar, “cuando es la Administración Pública la que tiene la obligación de garantizar respuestas adecuadas a las drogodependencias en nuestra Comunidad Autónoma”.



            Las entidades andaluzas de drogodependencias y exclusión social exigen el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía en materia de políticas sociales, por lo que seguirán reclamando el correcto cumplimiento de los mismos presentando reivindicaciones concretas a los/as responsables políticos presentes y/o futuros.

17 mar. 2015

La Plataforma del Tercer Sector muestra su preocupación y rechazo ante la aprobación en el Senado del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana



Este Proyecto de Ley conlleva una grave lesión para los Derechos Humanos y las personas más vulnerables

(Madrid, 17 de marzo de 2015).- La Plataforma del Tercer Sector, tal y como viene haciendo en los últimos meses, reitera su preocupación por la aprobación en el pleno del Senado, del Proyecto de Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que, al igual que sucedió en el Congreso en diciembre, ha contado solo con los votos del Grupo Parlamentario del Partido Popular y el veto a la totalidad del resto.

La Plataforma considera que el rechazo de todos los grupos parlamentarios excepto del Partido Popular es reflejo de la oposición a este Proyecto de Ley por parte de la ciudadanía, entidades sociales, plataformas, operadores jurídicos, organismos de Derechos Humanos de la Unión Europea y, en los últimos días, de relatores de Naciones Unidas.

En dos semanas, el Proyecto volverá al Congreso de los Diputados para su última votación, por lo que la Plataforma del Tercer Sector hace un nuevo llamamiento para que se tengan en cuenta las propuestas y aportaciones del sector.

En esta línea, explica que a las 260 enmiendas que se le hicieron en el Congreso se le suman ahora 225 más y, de las del Senado solo han sido aprobadas las propuestas por el Grupo Parlamentario del Partido Popular en su Comisión de Interior.

Así, recuerda que aunque han sido modificados parcialmente algunos artículos referidos a los Derechos Humanos de Manifestación y Reunión, no se han tenido en cuenta las aportaciones más relevantes hechas desde el Tercer Sector y recogidas en su documento de propuestas y que tienen, entre otros, el objetivo de evitar una deriva que conlleve la criminalización de la pobreza, como en otros países de nuestro entorno europeo está sucediendo.

Entre otras cuestiones, la Plataforma señala que no se incluye la prohibición expresa de llevar a cabo posibles identificaciones causadas por perfiles raciales o étnicos, dado que conllevan un acto de discriminación directa (Directiva 2000/43/CE).

Del mismo modo, lamenta que no se modifique la redacción actual sobre registro domiciliario, eliminando garantías muy básicas, ni se garantizan las medidas de accesibilidad necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

La Plataforma rechaza que se siga castigando con sanciones económicas, que pueden llegar a los 30.000 euros, especialmente a las personas por su situación de vulnerabilidad, como sucede con el ejercicio de la prostitución, el consumo de drogas en la calle y la situación desinhogarismo.

Asimismo, insiste en que se sigue limitando la posibilidad de evitar la sanción por consumo y tenencia de drogas a cambio de sometimiento a tratamiento sólo a menores de edad.

La Plataforma del Tercer Sector sigue mostrando su rechazo frontal al mantenimiento de la Disposición sobre expulsiones sumarias, que, aunque se ha visto modificada en la tramitación en el Senado, sigue manteniendo en el llamado “rechazo en frontera”, consecuencia directa de la pretensión de entrar por un puesto fronterizo habilitado sin cumplir los requisitos de entrada.

En este sentido, recuerda que la Ley Orgánica de Extranjería ya cuenta con procedimientos legales para el caso de entradas irregulares en España por puestos no habilitados, que conllevan una serie de garantías como son la asistencia letrada, el derecho a intérprete y la posibilidad de solicitar protección internacional, identificar potenciales víctimas de trata y otros perfiles vulnerables.

Según señala la Plataforma, las actuaciones descritas en el Proyecto de Ley vulneran lo dispuesto por los art. 12 y 13 de la Directiva europea 2008/115/CE y el art. 13 del Código de Fronteras Schengen, que establecen como garantías en todo procedimiento de retorno, la obligatoriedad de una resolución motivada para la denegación de entrada.

La oposición a la Ley de Seguridad Ciudadana es compartida por una gran mayoría social y política. Junto a movimientos sociales y la Plataforma NoSomosDelito, hemos sumado esfuerzos para pedir que las personas más vulnerables y excluidas puedan ejercer sus derechos y libertades en plenitud. Con este propósito, recibimos positivamente el pacto ratificado públicamente por la mayoría de partidos políticos en la oposición para derogar o modificar la ley cuando sea posible.

13 mar. 2015

UNAD celebra su 30 aniversario en el marco de la asamblea

El pasado 6 de marzo, la red UNAD conmemoró, junto a la mayoría de sus asociaciones, el 30 aniversario de su nacimiento. Lo hizo en el marco de una asamblea en la que también se celebraron elecciones. 


A la Asamblea General, que tuvo lugar en Madrid, acudieron representantes y asociaciones de la red UNAD procedentes de distintas comunidades autónomas, que tuvieron la oportunidad de compartir y conocer la realidad del intenso trabajo que está realizando la organización en el ámbito del Tercer Sector.  

La jornada se desarrolló en tres partes: en una primera se reconoció la labor de distintas personas que han contribuido a construir la historia de UNAD a lo largo de estos años. A continuación, tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, Francisco Babín junto a Rafael de Lorenzo, Secretario General de la Plataforma del Tercer Sector, Mar Amate, Directora de la Plataforma del Voluntariado de España y Concepción Sáez, Secretaria Judicial y miembro de la Plataforma Otro Derecho Penal es Posible.
 
Por la tarde se expusieron las cuentas y los resultados del ejercicio 2014 y se abordaron las principales líneas de trabajo de la organización de cara a 2015. Tras esta parte, se procedió al acto más democrático que tiene lugar en una organización: la celebración de las elecciones.

FOTOS DE LA ASAMBLEA