A las 11 horas del pasado jueves día 15 de noviembre
tuvo lugar una Concentración a las puertas del Parlamento de Andalucía, en la
que abogados, entidades sociales y familiares de personas presas se reunieron
al mismo tiempo que el Consejero de Justicia e Interior de la Junta de
Andalucía respondía a una pregunta en el Pleno, relativa a la suspensión de
la defensa gratuita en las prisiones andaluzas (el llamado Servicio de
Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria – SOAJP) desde el pasado mes
de mayo.
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Los colectivos promotores de la “Campaña por la
Reanudación del Servicio de Asistencia Jurídica Penitenciaria YA” nos
sentimos completamente defraudados. El Consejero falta al respeto a los
abogados, colectivos sociales y personas presas al afirmar que éstos ya cuentan
para ser defendidos con el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria, El Juez de
Vigilancia y el Defensor del Pueblo, que en Andalucía, por cierto, no tiene
competencias sobre las prisiones.
Sentimos que se nos falta al respeto en cuanto que lo
afirmado es lo mismo que decir que un detenido no necesita asistencia de un
abogado porque ya cuenta con el Fiscal, el Juez de Instrucción o el Defensor
del Pueblo para que le asistan.
Más sorprendente ha sido la manifestación de un
integrante de un Gobierno de izquierdas afirmando que “las personas presas no
son las más desfavorecidas que existen en Andalucía”. ¿Tenemos que hacer una
guerra entre excluidos para que quien gane sea quien merezca tener asistencia
del Gobierno? No podemos dejar de sentir preocupación por un Consejero de
Justicia que desconoce quiénes están en las prisiones andaluzas: Más de
16.200 personas de las que ¾ partes provienen de barriadas marginales y de
exclusión, entre el 80 y el 90% son pobres, 75% drogodependientes, 1%
analfabetos totales y un 10% analfabetos funcionales, 8% enfermemos mentales
graves, 40% personas con trastornos mentales y de la personalidad… ¿Es
necesario estar más desfavorecido para tener la asistencia del Gobierno
Andaluz?
No podemos comprender cómo afirma nuevamente que los
juristas de las prisiones (3 o 4 funcionarios de media para unas 1.800 personas
presas en cada centro penitenciario en Andalucía) ya cubren la información a
los presos, así como otros turnos de oficio.
Nos sentimos completamente defraudados y preocupados
de que un Consejero de Justicia desconozca completamente las funciones de los
SOAJP, que son un servicio del Colegio de Abogados que asesora, asiste y se
persona defendiendo a la persona presa en los procedimientos penitenciarios que
se inicien por él o contra él por parte de la prisión, incluyendo los recursos
pertinentes al Juzgado de Vigilancia y Audiencia Provincial y la defensa de
derechos fundamentales vulnerados dentro de las prisiones. Procedimientos que
no son competencia de ningún otro turno de oficio (ni contencioso, ni penal, ni
laboral). Y los juristas de Instituciones Penitenciarias no tienen la
función de asistir ni defender a personas presas sino de asistir a las propias
prisiones (lo único que pueden hacer es informar sobre cuantas causas
pendientes puede tener el preso o en qué Juzgado están… nunca asistirlos ni
defenderlos en materia penitenciaria). A quien asisten los juristas es a la
propia prisión. El Sr. Consejero, en un alarde de cinismo, le inquirió a
la parlamentaria que realizaba la pregunta que se leyera el Reglamento
Penitenciario. Nos sentimos estafados con afirmaciones como ésta ya que en el
Reglamento Penitenciario ninguna de las funciones de asistencia y defensa
al preso/a existen reguladas como funciones de los juristas de Instituciones
Penitenciarias.
Nos parece indignamente que un Gobierno de izquierdas
permita intervenciones como la realizada por el Consejero, despreciando a los
colectivos excluidos de Andalucía, considerándolos poco desfavorecidos
como para tener que prestarles asistencia desde el Gobierno; despreciando
a los abogados de la Comunidad Autónoma y su labor profesional; despreciando a
los colectivos sociales, de juristas y de derechos humanos que solamente
solicitan dignidad para los más necesitados de Andalucía.
La semana próxima los colectivos promotores de esta
campaña nos reuniremos para organizar nuevas acciones y exigir que un gobierno
de izquierdas no suprima derechos fundamentales a ninguna persona en Andalucía.
Toda la información sobre la campaña en
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