El Pleno del Consejo General de
la Abogacía Española, del que forman parte el presidente del Consejo de
Castilla y León, Fernando García-Delgado, y los nueve decanos de los colegios
de la Comunidad Autónoma, aprobó en su última reunión un nuevo manifiesto sobre
la aplicación de las tasas judiciales, mediante el que se opone taxativamente a
la Ley "por su clara y evidente inconstitucionalidad", y denuncia que
"ya se están produciendo violaciones del derecho de los ciudadanos al
acceso a la Justicia".
VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)
La Abogacía castellanoleonesa se suma a esa
denuncia, a la que se añade la de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre,
de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, que
elimina prácticamente la figura de los jueces sustitutos, lo que, consideran,
agrava aún más el problema de una ya denostada Administración de Justicia.
Asimismo, García-Delgado, a través de un
comunicado recogido por Europa Press, rechaza el Anteproyecto de Ley de
Justicia Gratuita "en cuanto pretende enmendar el craso error producido
por la Ley de Tasas, destruyendo el equilibrio normativo que exige el Estado de
Derecho".
La Abogacía seguirá con las acciones
iniciadas en contra de la Ley y los actos que la desarrollan,como la Orden del
Ministerio de Hacienda por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de la
tasa, planteando los recursos judiciales que estén a su alcance o instando,
ante cuantos estén legitimados para ello, la interposición del pertinente
recurso de inconstitucionalidad.
García-Delgado insiste en la necesidad de que
el Ejecutivo tenga en cuenta, en el proceso de elaboración de las normas, la
voz y las aportaciones que desde colectivos como la Abogacía se pueden hacer
"a las tan importantes como desastrosas reformas emprendidas, tanto en el
ámbito de la Justicia, como en el de los Servicios Profesionales".
Por último, demanda "respeto absoluto a
la independencia del Poder Judicial", y apoya las reivindicaciones de la
Comisión lnterasociativa que agrupa a las Asociaciones de Jueces y Fiscales,
así como las movilizaciones acordadas.
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