En estos días, se está hablando
de la reforma de las administraciones, en concreto de la administración local.
Se habla de privatizar los servicios municipales y de vaciar de competencias a
los Ayuntamientos. El lunes día 21 se publicó una noticia en ABC donde se
informa de determinadas competencias que, desde el Gobierno Central, se quieren
quitar a los municipios, en concreto, Sanidad, Educación y Servicios Sociales.
En la medida en que muchas de nuestras entidades trabajamos en el ámbito local,
suscribimos convenios con ayuntamientos y otras formas de colaboración, estas
modificaciones legislativas pueden afectarnos de una manera importante. Además
consideramos que hay determinados servicios que cuando se prestan desde la
cercanía del municipio, son más eficientes, más directos y más fáciles de
controlar por la ciudadanía.
Federación ENLACE
El Partido Popular adelanta en su
XX Intermunicipal las líneas generales de la reforma de la Administración Local
ABC España.
Paloma Cervilla / Madrid. 21/01/2013
Estas son las claves de la reforma:
1.- Un municipalismo con futuro. El
municipalismo de hoy y del mañana pasa por su solvencia y sostenibilidad. Solo
persiguiendo objetivos de eficiencia en el gasto se alcanzará un modelo en el
que no se gaste más de lo que se ingrese y donde se garantice que la prestación
de los servicios obligatorios y su pago prevalece sobre aquellos servicios que
no son obligatorios. Se trata de sentar las bases de una autonomía local
asentada en los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
2.- La modernización de la planta local. Una
reforma necesaria para modernizar la planta local española. Que defina con
mayor precisión las competencias que van a ser desarrolladas por la
Administración Local, diferenciándolas de las competencias estatales y
autonómicas. Entre las novedades más significativas valoramos que las
competencias en materia de Sanidad, Educación y Servicios Sociales recaigan de
manera íntegra en las Comunidades Autónomas. También, la racionalización y
profesionalización de las estructuras organizativas y de gestión tanto de los
municipios como de las Diputaciones o equivalentes, así como su sector
empresarial local. Una reforma que prepara la administración local para un
mejor servicio al ciudadano.
3.- Una Administración, una competencia.
Promoción de la medición, contrastación y publicación del coste de los
servicios con el fin de eliminar duplicidades y generar economías de escala y
de rendir cuentas a los ciudadanos. La reforma local daría así respuesta al
compromiso asumido por el Partido Popular y su Presidente de «una
administración, una competencia». La reorganización de actividades y servicios
puede generar unos ahorros cercanos a los 3.500 millones de euros.
4.- Sostenibilidad financiera. Las entidades
locales ejercerán competencias no previstas en la ley, cuando no se ponga en
riesgo financiero la realización de las competencias propias, y se garantice su
sostenibilidad financiera. Terminar con el problema de las competencias
impropias, liberando de dicho gasto a los municipios, constituye una
reivindicación histórica de los entes locales. Si además, en el periodo de 1
año, se someten a los servicios públicos municipales, de mancomunidades y
entidades locales menores a un proceso de evaluación, servirá para promover la
generación de economías de escala y potenciar las Diputaciones. Una gestión de
recursos más eficiente que optimizará el coste de los servicios teniendo en
cuenta el tamaño y la densidad de población del municipio.
5.- Una mejor gestión local. Un modelo que
premia la mejor gestión en el servicio al ciudadano. Otro de los mecanismos que
ofrece la norma a considerar, es la reversibilidad de una competencia que pase
del municipio a un plano territorial superior. Tras 5 años, se plantea la
posibilidad de recuperación de una competencia perdida. Se garantiza así el
ejercicio de una competencia de origen municipal, cuando su prestación al
ciudadano sea sostenible.
6.- Garantías de financiación. La delegación
de competencias dejará de ser visto como un problema para convertirse en una
solución. Al reforzarse el papel de los municipios frente a otras
administraciones, se ofrece un efecto fortalecedor para la Administración
Local, cual es el de incorporar una cláusula de triple garantía: 5 años con
financiación asegurada por ley y con un mecanismo de compensación automática de
deudas vencidas. De esta manera, se asegura una financiación estable para el
municipio durante un tiempo determinado.
7.- Mayor transparencia y calidad de los
servicios. La exigencia de una mayor transparencia y una gestión basada en los
resultados debe asegurar la calidad de los servicios que se prestan a los
ciudadanos desde cualquier ente territorial, también, en las mancomunidades y
las entidades locales menores. Estas se someten al mismo proceso evaluador que
tienen los municipios y al mismo tiempo se les requiere la misma transparencia
y control en el envío de la información económico-financiera que a los municipios.
El compromiso con la transparencia y la evaluación en la gestión será su
garantía de continuidad.
8.- Municipalismo al servicio de los
ciudadanos. La actuación pública es ante todo un servicio al ciudadano que debe
prestarse con la máxima transparencia y rigor en la gestión de los recursos que
éste pone a disposición de sus gestores políticos. La regulación anual del
régimen retributivo a través de los Presupuestos Generales del Estado; el
número de los miembros de las Corporaciones Locales; las retribuciones en los
contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y el número
máximo y cualificación de miembros de los órganos de gobierno; el número máximo
de personal eventual con cargo al presupuesto de la Administración local; y la
profesionalización del personal directivo de las Diputaciones, Cabildos y
Consejos Insulares, son medidas que permitirán adaptar y evaluar de manera
periódica la estructura de los órganos de administración, gestión y dirección
política local. Una vocación de servicio y de rendición de cuentas que permite
que la actividad local pueda ser medida y valorada de una forma transparente
por los ciudadanos.
9.- Sector público reducido y eficiente. El
redimensionamiento del sector público local y la regulación jurídica de los
consorcios, permitirán dar respuesta a las recomendaciones efectuadas en la
materia por el Tribunal de Cuentas del Reino de España y así poder regular,
controlar y evaluar el sector público empresarial. Esta medida permite
incorporar la información necesaria para evaluar la actividad empresarial de la
Administración local.
10.-Cooperación entre administraciones. Se
refuerzan los mecanismos de colaboración y control entre la Administración
General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local. Se
cumple con el compromiso incluido en el programa electoral del Partido Popular,
al recuperar las funciones que venían prestando los Interventores y los
funcionarios con habilitación de carácter nacional antes de la entrada en vigor
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, al
mismo tiempo que se regulará anualmente su régimen retributivo básico y
complementario fijando un límite máximo total por todos los conceptos
retributivos en los Presupuestos Generales del Estado.
También queremos destacar los últimos pasos
dados por el Gobierno para aliviar la situación económica y de gestión de las
Corporaciones Locales, especialmente: el Plan de Proveedores, el Fondo de
Liquidez Autonómico o las reformas introducidas por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado durante la tramitación de los PGE 2013, que mejoran
sustancialmente los problemas de liquidez de las tesorerías municipales
facilitando y garantizando la sostenibilidad y la prestación de los servicios públicos
locales.
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