Tras más de 40 años de una
política de drogas que pone el acento en la represión del tráfico y consumo de
las sustancias declaradas ilegales por los gobiernos más poderosos del mundo,
podemos afirmar que la misma, lejos de proteger la salud de las ciudadanas y
ciudadanos, se ha ensañado con las personas consumidoras, estigmatizándolas, imponiéndoles
severas penas y consiguiendo un deterioro de la salud propiciado por las
circunstancias clandestinas de adquisición y consumo. Así, en estas últimas
décadas, el contagio masivo del VIH y el virus de la Hepatitis C se ha cebado
en las personas consumidoras de drogas ilegalizadas en todo el mundo.
Este enfoque punitivo, inicialmente basado en la creencia de que una respuesta
dura sofocaría los mercados de drogas, no ha logrado reducir los niveles de
consumo ni los riesgos asociados al mismo. Por el contrario, ha dado lugar a la
discriminación y la estigmatización de las personas consumidoras, que, a día de
hoy, suponen en torno al 70% de las personas encarceladas en España, y también
en Andalucía. Estas personas han sido condenadas, en su mayoría, por delitos
contra la propiedad –robos y hurtos principalmente- así como por pequeños
trapicheos con drogas, en los dos casos como forma de poder costearse su
consumo.
Reclamamos una política de drogas basada en las evidencias, tras décadas de
fracaso de la actual, que supere los condicionamientos ideológico-morales y
prime los derechos humanos por encima de todo, la salud y el bienestar de las
personas que consumen drogas, sus familias y la comunidad en general.
Numerosos/as expertos/as de todo el mundo, y cada vez más jefes de Gobierno,
apuestan por un cambio radical en el enfoque de este problema.
SITUACIÓN EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA
Los efectos de la política internacional sobre drogas
también se vienen sufriendo en España.
A las entidades de ENLACE nos preocupan mucho todas esas
personas con problemas de drogodependencias que ya antes de la crisis económica
se encontraban en situación de exclusión social: personas con problemas de
adicción crónica, que viven en la calle o con unas condiciones de vida muy
precarias, que tienen problemas graves de salud causados por su consumo en
entornos de clandestinidad, como el VIH o la Hepatitis C, que padecen
enfermedades mentales añadidas (patología dual), que no cuentan con apoyo
socio-familiar, que están cumpliendo penas de prisión por delitos contra la
propiedad o pequeños trapicheos de droga,… Nos preocupan estas personas porque,
en estos momentos, se quedan fuera de gran parte de las políticas públicas en
materia social, de empleo o salud.
En todo el Estado se están
cerrando centros, recursos públicos y programas de intervención dirigidos a una
atención integral de la problemática de las drogodependencias.
En Andalucía se han dejado de financiar algunos recursos, como los centros de
día, y se están reduciendo de manera considerable las ayudas a las asociaciones
que realizan tareas de atención y acompañamiento. En 2013, la partida
presupuestaria de “Entidades Colaboradoras” del Plan Andaluz sobre Drogas ha
sufrido una bajada del 45%.
Las intervenciones dirigidas a
favorecer la inserción laboral están disminuyendo drásticamente, de manera que
estas personas encuentran más dificultades que nunca para incorporarse al
mercado laboral. Los programas dirigidos a la adquisición de formación, habilidades
y hábitos pre-laborales se están reduciendo e incluso desapareciendo (Andalucía
Orienta, Red de Artesanos, Arquímedes, etc.).
Por su parte, las personas
drogodependientes que se encuentran privadas de libertad y gravemente enfermas
están sufriendo directamente los recortes en relación a algunos medicamentos
que no se les prescriben (Hepatitis C) o a suplementos alimentarios.
Denunciamos la profunda
injusticia de la reforma del Código Penal emprendida por el Gobierno, que
supone una mayor represión y control penal de colectivos como el de las
personas con problemas de drogodependencias, enfermas mentales o con patología
dual, aumentando el tiempo de permanencia en prisión y/o bajo la Justicia
Penal.
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